Trabajadores de Parques Nacionales “en jaque” por el DNU del gobierno nacional

El trabajo de decenas de empleados en el Parque Nacional Nahuel Huapi está en vilo debido al decreto que firmó el Presidente Javier Milei por el cual no se renovarían los contratos de miles de empleados de estamentos y organizaciones estatales. Ante la situación, piden el respaldo de autoridades y funcionarios rionegrinos.

El polémico decreto anunciado por el Presidente en diciembre, a días de haber asumido, toca de cerca múltiples sectores vinculados al Estado y uno de ellos, tiene que ver con la baja de los contratos de trabajadores que no sean de planta permanente.

Son miles los empleados de distintos sectores del Estado que se ven sometidos a trabajar bajo la modalidad de contrato durante años y hasta décadas, aunque cada diciembre se solían renovar automáticamente los períodos laborales. Esta vez, no ocurrió así y en Parques Nacionales se encuentran en alerta debido a lo que podría significar para la institución y sus integrantes.

El Parque Nacional Nahuel Huapi, el primero en ser creado y uno de los más grandes e importantes por su variedad geográfica y natural, cuenta con 270 trabajadores que se encargan de distintas funciones en las más de 700 mil hectáreas que comprende.

De esta ínfima cantidad de trabajadores, hay 131 que quedarían sin trabajo a partir del 31 de marzo y una persona más correspondiente a la zona costera de la provincia.

Según explicaron en la nota enviada a la Legislatura, al gobernador Alberto Weretilneck y al intendente Walter Cortés, este número se encuentra conformado por 56 brigadistas de incendios forestales, 60 profesionales y técnicos y 16 técnicos- administrativos.

Los trabajadores remarcaron que es personal con “larga trayectoria, conocimiento adquirido, experiencia y especialización en tareas de conservación del patrimonio natural y cultural, obras de infraestructura, uso público (turismo), usos rurales sustentables, prevención del riesgo e incendios forestales, atención de emergencias, gestión administrativa, jurídica y de RRHH”.

“Estamos preocupados, muy preocupados, porque la ejecución de este decreto que nos pone un límite hasta el 31 de marzo y una virtual revisión, afecta al personal de todas las áreas”, indicó en diálogo con ANB Marcelo Rojas, delegado de ATE (Asociación de Trabajadores del Estado) de la Dirección Regional Patagonia Norte de Parques Nacionales.

Rojas remarcó que ya “hoy en día es difícil gestionar las áreas protegidas, cuesta muchísimo y si nos quedamos con la mitad del personal no se va a poder cumplir directamente”. Es que el trabajo de los integrantes de este organismo abarca múltiples funciones para el resguardo de las áreas naturales.

De los empleados afectados por la baja de los contratos, hay incluso quienes llevan 20 años trabajando en Parques Nacionales con la modalidad, y esto también derivó en innumerables reclamos por la precarización a la que se ven expuestos, sumado a una inestabilidad laboral constante.

“Durante el gobierno de Mauricio Macri se creó un término denominado ‘dotaciones óptimas’ para justificar el despido de trabajadores de distintas áreas del Estado, pero en ese entonces incluso, se determinó que en Parques Nacionales había menos empleados de los necesarios y a pesar de esto, solo hubo altas nuevas cuando algún compañero se retiraba, renunciaba o se jubilaba”, explicó.

“Estábamos en un proceso de pase a planta permanente, pero eso quedó a la mitad y ahora está suspendido. Queremos que se retome el plan de regularización de empleo público, que pese a lo que la gente cree, exige requisitos: es obligatorio tener 10 años de antigüedad para administrativos y 5 para profesionales”, sostuvo Rojas y agregó que sería “reconocer a los trabajadores que están hace mucho tiempo”.

A la incertidumbre de no saber si continuarán con su fuente laboral, los trabajadores tienen que sumar un recorte de recursos que afecta de manera directa al desempeño diario, incluso a lo que refiere a brigadistas de incendios forestales, personas clave en cada temporada estival.

“Esto también repercute en los salarios, y aunque no sabemos cómo vamos a llegar a fin de mes, por ahora dejamos de lado el reclamo salarial para poner el foco en el riesgo que implica la reducción de personal”.

Para los trabajadores, el DNU de Milei y la baja de contratos, “pone en jaque el funcionamiento y el derecho laboral” y además, temen que sea una vía libre para despidos masivos y constantes.

Por todo esto, solicitaron el apoyo de los legisladores, del gobernador, del jefe comunal y del Concejo Deliberante de Bariloche. “Necesitamos que las autoridades se pronuncien y nos respalden”, remarcó Rojas.

El próximo 24, los trabajadores también se movilizarán y sumarán al reclamo a nivel nacional contra la Ley Ómnibus que pretende tener aprobada el Presidente y además, organizarán una nueva actividad en febrero para poder visibilizar la situación en la que se desempeñan. (ANB)